El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA: Recordando las Resoluciones del Consejo Permanente 1108 (2172/18), adoptada el 18 de julio de 2018, 1109 (2175/18), adoptada el 2 de agosto, y 1110 (2182/18), adoptada el 12 de septiembre;

Reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primaria en la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho de reunión y protesta pacífica, así como en asegurar que la legislación, las políticas y las prácticas nacionales, como el marco legal para el ejercicio de los derechos de reunión y protesta, de expresión y de asociación, estén en conformidad con los derechos humanos en el plano internacional;

Expresa su firme condena por las continuas acciones represivas y por las medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua, incluyendo la indiscriminada criminalización de cualquier forma de protesta, lo cual contraviene estándares internacionales básicos en materia de derechos humanos y ha generado una preocupante cantidad de víctimas desde el pasado mes de abril;

En dicho contexto, enfatiza su profunda preocupación y rechazo por las detenciones arbitrarias de opositores y defensores de los derechos humanos en ocasión de las manifestaciones del pasado domingo 14 de octubre, lo cual únicamente contribuye a agravar la crisis social y política en el país. Si bien, de acuerdo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al menos 25 de dichos detenidos fueron liberados, el Grupo de Trabajo hace un urgente llamado para que se libere a todas las personas que continúan detenidas arbitrariamente;

Respalda el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que “la declaración de que las protestas antigubernamentales son ilegales por haberse producido en ellas hechos violentos y la atribución a priori de responsabilidad a convocantes y organizadores -además de ser una clara violación del principio de inocencia- implica una limitación arbitraria del derecho a la protesta social y por ello vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.”;

Hace un llamado al Gobierno de Nicaragua a cesar en forma inmediata la violencia perpetrada por la policía y fuerzas parapoliciales controladas por el Gobierno, y a fincar responsabilidades a quienes han cometido actos de violencia y crímenes, así como liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente;

Reitera su disposición a mantener un diálogo serio con el Gobierno de Nicaragua, y destaca su profunda preocupación y pesar por el sistemático rechazo a ser recibido de parte del Gobierno de dicho país, su negativa frente a cualquier posibilidad de diálogo y a que el Grupo de Trabajo visite Nicaragua y su actitud de obstaculizar todo contacto con otros actores relevantes nicaragüenses para lograr una solución pacífica y consensuada a la situación en Nicaragua;

Reafirma su apoyo a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis en Nicaragua y urge al Gobierno nicaragüense y a todas las partes involucradas a comprometerse en un diálogo nacional serio, conducente a una reconciliación pacífica y sostenible.

16 de octubre 2018